El respaldo del Departamento de Justicia estadounidense al uso de textos protegidos para entrenar modelos de inteligencia artificial abre una discusión que exige distinguir entre entrenamiento, almacenamiento y generación de resultados. La postura defiende el fair use en una etapa concreta, pero no constituye una autorización general ni traslada sus efectos al marco jurídico mexicano, donde las empresas deben seguir revisando derechos, permisos y licencias.