La aplicación práctica comienza con la matriz de autoevaluación del estándar: delimitar facultades de los órganos de inversión, documentar el escalamiento de conflictos, transparentar comisiones y valuaciones, asignar responsables de riesgos y establecer indicadores ASG verificables. Esto puede mejorar la debida diligencia, la comparabilidad entre gestores y el acceso a capital institucional. El avance es oportuno: aunque 62% de las empresas mexicanas considera la sostenibilidad en su planeación financiera, solo 35% integra los factores ASG en sus decisiones estratégicas. El reto del consejo ya no es declarar compromisos, sino convertirlos en controles, métricas y evidencia financiera (KPMG México, 2026).