El caso permite formular una recomendación preventiva: al sustituir a un presidente ejecutivo por un independiente, conviene documentar las facultades, duración y remuneración de cualquier asesoría del expresidente, así como revisar sus cargos externos y posibles conflictos de interés. Estos hechos no demuestran por sí mismos una irregularidad; plantean una pregunta que todo consejo debería responder: ¿quién conserva influencia, sobre qué decisiones y bajo qué controles? La lección propuesta es evaluar la sucesión por la distribución efectiva de responsabilidades, no únicamente por el cambio de nombres.