Sol y Sombra
Un espacio donde la claridad de las ideas y las preguntas humanas confluyen para reflexionar sobre educación, familia, trabajo y sociedad.
J. Arturo Hernández
Profesor de la Universidad La Salle Bajío, Campus Campestre.
La valoración ética, moral y cívica de contribuir
11 de septiembre de 2026
México debe dinero desde antes de que aprendiéramos a contar nuestra historia sin usar los dedos. La deuda nacional parece uno de esos muebles heredados que nadie se atreve a tirar porque perteneció a la abuela, aunque estorbe en la sala, esté carcomido y dentro de sus cajones sólo conserve recibos vencidos.
Desde que mi memoria existencial alcanzó a encontrarse con mi memoria histórica —esa zona donde los recuerdos personales se confunden con las estampas de los libros de texto—, México aparece endeudado. Debía durante los gobiernos virreinales, debía al nacer como nación, debía mientras buscaba emperador, debía cuando quiso ser república y continuó debiendo después de perder guerras, territorio, dignidad y oportunidades. Ahora, en tiempos de la llamada Cuarta Transformación, uno no sabe si habitamos un nuevo virreinato o un mirreynato: régimen donde unos cuantos se comportan como herederos de la Corona y el contribuyente conserva el honroso papel de súbdito con contraseña fiscal.
La palabra contribuir parece amable. Sugiere cooperación, comunidad y esfuerzo compartido. Nadie invita a una boda diciendo: “Se le impondrá una aportación obligatoria para financiar el banquete”. Se dice que todos contribuirán. El problema aparece cuando unos llevan comida, otros ponen las mesas, algunos lavan los platos y el organizador de la fiesta se marcha con la vajilla.
Paco Calderón, notable caricaturista de Reforma, ha representado al contribuyente como el objetivo situado en la mira de un francotirador. La imagen es incómoda porque resulta familiar: no vemos al ciudadano participando en la construcción de la plaza pública, sino tratando de adivinar desde qué oficina llegará el siguiente disparo. Cada reforma fiscal promete justicia distributiva, simplificación y bienestar; sin embargo, el lenguaje administrativo suele tener la cortesía de una orden de aprehensión.
Los griegos habrían comenzado por preguntar qué es lo justo. Platón sostuvo, en esencia, que una ciudad ordenada depende de que cada persona cumpla la función que le corresponde y de que quienes gobiernan orienten sus decisiones al bien común. Aristóteles fue todavía más práctico: el ser humano sólo alcanza plenamente su condición dentro de la comunidad política. Fuera de ella sería una bestia o un dios. México encontró una tercera categoría: el contribuyente cautivo.
Para Aristóteles, la virtud no consistía únicamente en conocer el bien, sino en practicarlo hasta convertirlo en hábito. Pagar contribuciones puede ser, desde esa perspectiva, una conducta cívica virtuosa. Pero la virtud necesita reciprocidad. Cuando el ciudadano cumple y el gobernante derrocha, la relación deja de ser ética y se transforma en obediencia. Una comunidad política no se sostiene solamente porque recauda; se sostiene porque merece recaudar.
Los romanos lo entendieron mediante una palabra que todavía pesa sobre nuestras instituciones: civitas. La ciudad no era sólo un conjunto de calles, sino una asociación de derechos, obligaciones y pertenencias. La ley romana vinculó el tributo con la autoridad del Estado, pero también desarrolló la idea de que el poder debía ejercerse conforme a reglas. Dura lex, sed lex, decían: la ley es dura, pero es la ley. El problema comienza cuando la ley sólo es dura para quien paga y extraordinariamente flexible para quien gasta.
Pedro González-Trevijano ha explicado que el orden constitucional necesita algo más que procedimientos: requiere ciudadanos conscientes de que los derechos llevan adherido el reverso de los deberes. Enrique Krauze, al recorrer las biografías del poder mexicano, ha mostrado cómo la historia nacional suele oscilar entre la esperanza depositada en un salvador y la decepción provocada por el mismo personaje. Esperamos instituciones, pero seguimos votando por biografías; exigimos reglas y terminamos aplaudiendo excepciones.
Ricardo Raphael ha advertido, desde diferentes análisis de la vida pública, que la desigualdad ante la ley destruye la confianza social. El ciudadano puede aceptar un sacrificio cuando entiende su propósito, conoce su destino y observa que también lo asumen quienes gobiernan. Lo que difícilmente acepta es financiar privilegios mientras se le exige austeridad moral desde un vehículo oficial.
La economía tampoco resuelve por sí sola este dilema. Adam Smith comprendió que la riqueza de las naciones depende de la iniciativa individual, pero también consideró necesario que los ciudadanos contribuyeran al sostenimiento del gobierno en proporción a sus capacidades. Karl Marx vio en el aparato fiscal una expresión de las relaciones de poder y de clase. Paul Krugman ha insistido en que los impuestos pueden corregir desigualdades y financiar bienes públicos indispensables. Thomas Piketty, al estudiar la concentración histórica de la riqueza, propone sistemas progresivos que impidan que el patrimonio se reproduzca indefinidamente en las mismas familias.
Todos tienen una parte de razón. Los impuestos pueden construir hospitales o clientelas; escuelas o monumentos al gobernante; infraestructura o fortunas inexplicables. El instrumento no posee moral propia. La moral se encuentra en las decisiones sobre quién paga, cuánto paga, para qué paga y quién vigila el destino del dinero.
Cuando las contribuciones son administradas con eficacia, el ciudadano las percibe en el transporte que llega a tiempo, en el hospital que dispone de medicamentos, en la escuela que no se derrumba y en la calle donde una mujer puede caminar de noche sin convertir cada sombra en una amenaza. Países como Dinamarca han construido una relación de alta tributación y alta confianza: se paga mucho, pero también se recibe mucho y se conoce, en buena medida, el destino de lo aportado.
En cambio, cuando el dinero público se utiliza sin responsabilidad, el tributo adquiere la apariencia de un castigo. México, Argentina y Venezuela ofrecen abundantes episodios de recursos dilapidados, instituciones debilitadas y programas sometidos a la conveniencia política. España vive también tensiones relacionadas con el gasto, la deuda y la sostenibilidad de sus compromisos públicos. Las diferencias entre estos países son enormes, pero comparten una advertencia: ningún Estado puede comprar indefinidamente adhesiones con dinero que todavía no ha producido.
La Dra. Margarita Schmitt Revilla plantea en su audio compartido una cuestión que merece una conversación larga, café de por medio y, para no perder la solemnidad, alguna bebida italiana: la contribución no debe analizarse sólo como una obligación financiera, sino como un acto relacionado con la conciencia, la responsabilidad personal y el destino de la comunidad. Su reflexión conduce a una pregunta incómoda: ¿hasta dónde llega el deber moral del ciudadano cuando la autoridad incumple su propio deber moral?
La doctrina católica ofrece una respuesta exigente. El bien común no es la suma de intereses privados ni el reparto ocasional de apoyos, sino el conjunto de condiciones que permite a cada persona realizarse con dignidad. Contribuir al sostenimiento de la sociedad puede ser un deber de justicia y solidaridad. Pero la misma doctrina obliga al gobernante a administrar los bienes públicos con prudencia, subsidiariedad y destino universal. El César puede pedir lo que corresponde al César; no puede pedir la conciencia, ni convertir el erario en patrimonio familiar.
En la sobremesa de las familias mexicanas, los impuestos rara vez se discuten como categoría filosófica. Se habla de ellos junto al recibo de la luz, la colegiatura, el precio de la gasolina y la reparación del automóvil. Allí la ética abandona los tratados y se sienta entre las tortillas. El padre calcula; la madre reorganiza; los hijos escuchan una frase que atraviesa generaciones: “Este mes tendremos que ajustarnos”.
Mientras tanto, la clase política utiliza la palabra austeridad con la misma destreza con que algunos toreros utilizan el engaño: lo muestran al público, hacen pasar cerca el peligro y procuran que nunca los alcance. Heriberto Murrieta ha explicado que en la fiesta brava el valor auténtico no consiste en ignorar el riesgo, sino en permanecer frente a él con conocimiento y verdad. En materia fiscal, el ciudadano permanece frente al toro; el político suele observar desde el burladero.
Germán Dehesa habría encontrado en una oficina tributaria material suficiente para varias columnas: una fila interminable, una pantalla que anuncia el turno A-73 cuando uno conserva el A-19 y un funcionario que solicita la copia del documento cuya existencia negó la semana anterior. Juan Villoro ha observado que la vida urbana convierte los trámites en pequeñas epopeyas donde el héroe no busca conquistar Troya, sino obtener un sello antes de las tres de la tarde.
La ironía, sin embargo, no debe ocultar la gravedad. Una sociedad cuyos ciudadanos evaden sistemáticamente sus obligaciones se debilita. Pero también se debilita aquella donde el gobierno considera inagotable el sacrificio de quienes producen. La evasión fiscal erosiona el pacto común; la corrupción gubernamental lo dinamita. Ambas conductas se alimentan mutuamente: el ciudadano justifica no pagar porque el gobierno roba, y el gobernante justifica recaudar más porque el ciudadano evade.
Contribuir éticamente significa aportar lo que corresponde, exigir comprobación, vigilar el gasto y rechazar tanto la evasión privada como el despilfarro público. La moral tributaria no puede reducirse a pagar en silencio. También exige preguntar, auditar, votar con memoria y negarse a celebrar la riqueza inexplicable de quienes llegaron pobres al servicio público y salieron convertidos en prósperos empresarios de sí mismos.
Me gustaría saber qué ocurrirá con las nuevas políticas de ingresos. Quisiera tener la capacidad de los antiguos augures romanos, que examinaban el vuelo de las aves para anticipar el futuro. Pero en México no necesitamos mirar al cielo: basta observar el presupuesto, las adjudicaciones, la deuda y las camionetas nuevas estacionadas frente a ciertas residencias.
Algo parece seguro: se pagarán más contribuciones. También aparecerán nuevos ricos en la cuadra. Algunos dirán que prosperaron gracias al esfuerzo; otros sospecharemos que su principal habilidad consistió en permanecer cerca del presupuesto.
Aun así, la respuesta no puede ser abandonar la vida pública. La ciudad sigue siendo nuestra, aunque con frecuencia parezca rentada por la clase política. Contribuir es una forma de reconocer que dependemos unos de otros; fiscalizar es la forma de impedir que esa dependencia se convierta en servidumbre. Entre la obediencia ciega y la evasión egoísta existe una tercera vía: la ciudadanía.
Tal vez ésa sea la auténtica valoración ética, moral y cívica de contribuir: pagar lo justo, exigir justicia y recordar que el dinero público no pertenece al gobernante que lo distribuye, sino a la comunidad que lo produjo. Porque una nación no se arruina solamente cuando se queda sin recursos. También se arruina cuando pierde la confianza, la memoria y la vergüenza.
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